SEA reactiva 90% de la inversión en evaluación ambiental a ocho meses de suspensión por pandemia
Todavía están suspendidas 50 iniciativas en el SEIA cuya inversión suma US$ 4.586 millones. Sin embargo, la entidad espera dejar el sistema 100% operativo en enero próximo.
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Casi ochos meses han transcurrido desde que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió la tramitación de aquellos procesos de evaluación de impacto ambiental en los cuales se consideraba participación ciudadana en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, implicando la detención de más del 40% de los montos que se encontraban en evaluación.
Fue así que recién a partir del 3 de agosto, la autoridad comenzó a sacar del congelador las iniciativas levantando de manera gradual y paulatina la suspensión de la evaluación ambiental en proyectos con participación ciudadana para las regiones de Aysén, Los Ríos y La Araucanía. Este puntapié se trasladó luego al resto del país de acuerdo a su respectiva situación local y ha logrado que la inversión alzada al 10 de noviembre ya alcance casi el 90%.
Al 10 de noviembre, hay 571 proyectos en calificación ambiental con una inversión total de US$ 42.130 millones. De ellos, 50 iniciativas están suspendidas, involucrando una inversión de US$ 4.586 millones. Muy distinto al panorama que se vivía en agosto cuando la inversión suspendida aún ascendía a los US$ 16.745 millones.
En términos de inversión alzada, este ítem representaba US$ 19.535 millones al 4 de noviembre, monto que corresponde principalmente a proyectos energéticos, particularmente asociados a energía limpia por la política de descarbonización. La Región Metropolitana es la que tiene más proyectos que han vuelto a evaluación.
“La meta es tener alzado el 99% de la inversión a fines de noviembre. Se han implementado distintos planes de acción a nivel nacional que han ido respetando las medidas dictadas por la autoridad sanitaria y considerando las realidades regionales”, asegura el director ejecutivo del SEA, Hernán Brücher.
La ruta para reactivar completamente el sistema está delineada. Según los cálculos de la autoridad, esperan volver a evaluación en noviembre 39 proyectos que suman del orden de US$ 4.025 millones, dejando solo 11 iniciativas en suspensión por US$ 561 millones.
Brücher explica que la gran ganancia para el SEA y la ciudadanía, y también lo que permitió avanzar en el alzamiento de proyectos, fue principalmente la oportunidad de adicionar metodologías a las ya existentes con la Participación Ciudadana (PAC) a distancia. “Nos tiene muy contentos porque hemos logrado llegar a más ciudadanos adecuando metodologías que permiten una mejor llegada, dentro de plan +PAC. El énfasis está dado en las comunidades más aisladas y con menor acceso a internet”, destacó.
Ahora, la planificación apunta a alzar los últimos proyectos en enero, específicamente en las regiones de Valparaíso y Los Ríos. Desde el SEA aclaran que el alza de proyectos no pasa por la complejidad regional, sino que por los planes de acción de cada región que tienen directa relación con la carga regional, las condiciones sanitarias y la conectividad regional. Además, influye la conectividad que puedan tener las comunidades.
“La Región de Los Ríos fue la primera en alzar los proyectos suspendidos. Hay que conjugar debidamente la tramitación y plazos de evaluación junto a la preocupación de mantener y mejorar el estándar de participación”, dice la autoridad, agregando que “acá hay una gradualidad, retomando sin perjudicar a nadie y mejorando el actuar del SEA”. Y advierte: “No olvidemos que la pandemia se va a extender en el tiempo y, por lo mismo, los procesos deben ser retomados prudentemente, pero con eficacia”.
De hecho, uno de los riesgos que se mantiene latente es volver a una situación sanitaria que obligue a endurecer medidas. Consultado por si observan riesgos por un eventual rebrote, la autoridad indicó que +PAC es una metodología adicional, que viene a aumentar la PAC sumando metodologías a las ya existentes, por lo que el SEA genera las instancias de PAC con los diferentes métodos que posee hoy y compatibilizando las fases sanitarias en que se encuentra cada comuna.
“Apostamos a encontrar el justo equilibrio entre el otorgamiento de permisos, la eficaz PAC y la salud de las personas y la de nuestros funcionarios”, puntualizó.